La columna publicada anteriormente en el portal de nuestra asociación: prisma público, abordó la fragilidad de las instituciones educativas frente a las contingencias que ponen a prueba su capacidad de respuesta. Esta segunda parte busca detenerse en otra dimensión de esa fragilidad, quizás menos visible, pero igualmente relevante: la dificultad de nuestras instituciones universitarias para sostener espacios efectivos de deliberación sobre su propio futuro.
En otras, palabras, la fragilidad institucional no se expresa solamente cuando una infraestructura no resiste las lluvias producidas por el fenómeno del niño, lo que ha llevado hasta la actualidad a precarizar nuestras condiciones de trabajo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. También, al parecer, cuando una institución tiene dificultades para procesar democráticamente aquellas posiciones que las ponen de manifiesto.
Esto remite directamente a la fragilidad de nuestra cultura democrática institucional. El debate universitario no puede reducirse exclusivamente a aquellos espacios formalmente establecidos para la representación triestamental, como el Consejo Universitario o el Consejo Superior. Estos órganos cumplen, sin duda, una función fundamental en la institucionalidad universitaria; sin embargo, su potencial deliberativo debe estar acompañado de una comunidad universitaria activa y proactiva, con el objeto de discutir colectiva y públicamente el rumbo de nuestra institución, sin que el ejercicio de esa deliberación sea interpretado como una amenaza a la autoridad institucional.
Este fenómeno no es completamente nuevo. La socióloga Kathya Araujo ha analizado esta preocupación en nuestra forma de relacionarnos en su libro titulado el “miedo a los subordinados” (2016), producto de temor constante a ser desbordados por aquellos y aquellas sobre quienes se ejerce la autoridad, encontrando en las tradiciones autoritarias, como la portaliana, la forma de contenerlas.
Sin embargo, esta discusión sobre el destino de nuestra institución adquiere especial relevancia en el contexto que enfrentará la educación superior pública a partir de restricciones presupuestarias anunciadas para el 2027, las cuales constituyen, sin duda, un escenario complejo. Por ello resulta necesario seguir discutiendo de manera abierta cuáles son las prioridades de la universidad en este contexto, específicamente cómo se distribuirán los escasos recursos y qué lugar ocuparán en esa discusión las condiciones laborales y remuneracionales de quienes sostienen cotidianamente su funcionamiento.
En el caso de la Universidad Arturo Prat, existe una preocupación que no puede seguir siendo postergada: las remuneraciones de académicos y académicas de nuestra institución, las cuales se encuentran entre las más bajas de la zona norte a medida que se avanza en la jerarquía académica y que ha llevado, entre otros motivos, a la dificultad para retener en el mediano plazo a investigadores e investigadoras.
Desde nuestra organización gremial hemos planteado que la discusión sobre la nueva carrera no puede limitarse a modificar criterios de evaluación o establecer nuevas exigencias para la progresión académica. Si se pretende incentivar una nueva carrera, esta debe estar acompañada de una discusión sustantiva sobre remuneraciones.
Esta preocupación ha sido expresada tanto en el Claustro Académico autoconvocado en el mes de marzo, como en las discusiones desarrolladas en la asamblea de nuestra asociación durante el año. En estas instancias ha surgido con claridad la necesidad de vincular la nueva carrera académica con un nuevo pacto salarial. Por eso y en coherencia con lo anterior, el pasado 10 de septiembre hemos instalado un lienzo en el hemiciclo de la casa central con un mensaje que sintetiza una parte fundamental de esta discusión: “Por una carrera académica con nuevo pacto salarial: Sin docencia, no hay universidad”.
En este contexto, durante la última sesión de la Comisión de Carrera Académica, realizada el pasado 16 de junio —es decir hace más de tres meses— distintas autoridades universitarias de las áreas de Investigación, Académica y Finanzas plantearon que un eventual incremento de las remuneraciones debería estar asociado a la definición de una carga docente mínima para cada jerarquía académica.
Por esta razón, en mi calidad de presidente de la Asociación de Académicos y Académicas de la UNAP, envié una carta a la Vicerrectoría Académica el pasado martes 29 de septiembre, solicitando que dicha propuesta sea formalizada y puesta en conocimiento de nuestra organización, con el propósito de discutirla con nuestros asociados y asociadas, así como la necesidad de convocar a una nueva sesión la comisión de carrera académica pendiente con el objeto de presentar nuestra propuesta de carrera académica y a partir de ello, las observaciones a la nueva propuesta base.
Ya que, como se señaló en dicha misiva, respecto a la ausencia de una convocatoria a nuevas sesiones de la comisión de carrera académica, “resulta especialmente relevante que estas experiencias de gobernanzas universitarias, sean efectivas respecto a cumplir las metas que se han propuesto, como es el caso de acordar de manera democrática las reglas, procedimientos, evaluaciones e incentivos vinculados a la progresión del estamento académico, haciéndolo un importante precedente para los futuros desafíos institucionales”.
Cristian Jamett Pizarro
Presidente AFAUNAP
«Por una carrera académica con nuevo pacto salarial: Sin docencia, no hay universidad”.
